Si existe un plano en el cual los seres humanos hemos ido aprendiendo a impulso de errores es en nuestra relación armónica con el medio natural. Es en éste ámbito donde paulatinamente nos hemos ido viendo obligados a asumir los límites naturales que el medio impone a nuestro desenvolvimiento y particularmente, al crecimiento insostenible de la producción. Es así como en el sector pesquero chileno se llegó a una discusión de suma relevancia respecto a los marcos regulatorios sectoriales, en la búsqueda de lograr equilibrar tanto la protección de los recursos naturales como la entrega de productos de calidad al mercado.

De partida, existe consenso en la necesidad de establecer límites a la extracción de recursos. En este sentido, un aspecto fundamental es asignar un rol preponderante a los aspectos científicos en la definición de esos límites. El problema, sin embargo, se asocia a cómo asignar socialmente los recursos en el marco de esos límites, ámbito donde existen variados intereses en juego y es aquí donde los marcos regulatorios deben actuar complejamente, bajo la forma de una institucionalidad que promueva espacios permanentes de aprendizaje compartido y negociación transparente, abierta y equitativa, capaz de convocar y reconocer actores, cada cual con sus naturales requerimientos y legítimos intereses.

El necesario establecimiento de límites de extracción, funcionales a lo que la naturaleza permite, requiere de un complemento socioproductivo de fomento, que implique articular apoyos técnicos promotores de una mayor generación de valor y mejora consecuencial en los resultados económicos y esto, aun en condiciones de menor disponibilidad de recursos. Ello parece esencial, especialmente, por la componente social de la pesca, donde una gran cantidad de familias, con historias y tradiciones vinculadas a la actividad, requieren de apoyos para perdurar en el tiempo y lograr una adecuación paulatina pero necesaria, de cara a los escenarios del desarrollo contemporáneo.
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