Transcurrido un tiempo desde el inicio de la emergencia relacionada a los terribles incendios registrados en nuestra Región del Biobío, ya van surgiendo de entre la catástrofe algunas visiones que, en un país como el nuestro, tan expuesto y habituado a desastres de distinto tipo, requieren tomar la forma y sistematizarse adecuadamente como aprendizajes, para mejor abordar situaciones similares hacia el futuro. En efecto, han surgido diversas críticas respecto a la eficiencia de respuesta de las autoridades respecto a la emergencia, pero también elementos destacables que deben tenerse en cuenta como fortaleza para la mejora paulatina y sostenida hacia el futuro.
Un aspecto que surge en situaciones de emergencia en regiones, refiere al marcado centralismo de nuestro país, que termina por exponer fallas estructurales del Estado que, ante la necesidad de gestionar emergencias y catástrofes, se vuelven críticas. La toma de decisiones concentrada en el nivel central genera demoras operativas, con acciones que dependen de autorizaciones que autoridades locales deben esperar, o protocolos territorialmente estandarizados en un contexto de evidente desconocimiento cabal de la urgencia y especificidad territorial desde el nivel central. Esto limita la autonomía local y acceso a recursos y atribuciones, lo que finalmente debilita la capacidad de reacción temprana, especialmente en zonas aisladas, extremas o rurales. En la práctica, muchas veces ello detona en fragmentación institucional, con servicios operando con baja coordinación territorial, lo que dificulta la articulación público-privada y comunitaria a nivel local.
La burocracia por su parte también cumple su rol, generando rigidez procedimental y marcos normativos que muchas veces resultan poco adaptables a escenarios excepcionales y terminan por ralentizar la toma de decisiones en contextos de emergencia, donde el tiempo es un recurso vital, generando cuellos de botella, descoordinaciones con múltiples organismos actuando bajo lógicas sectoriales y jerarquías formales que dificultan la coordinación interinstitucional y territorial, transformando la emergencia en un problema de gestión que amplifica el impacto social y económico de las catástrofes en el territorio.
No obstante, en esta tragedia, así como en muchas otras antes que esta, se nos ha revelado la importancia de la participación ciudadana y la acción colectiva en escenarios de emergencias y desastres, surgiendo un espacio singular para la articulación en red de experiencias, aprendizajes y recursos diversos, donde la cooperación y asociatividad en el espacio local cumplen un rol singular para mitigar efectos de grandes catástrofes. Ello requiere ser sistematizado y adecuadamente institucionalizado, a manera de capitalizar el evidente aprendizaje social que ha dejado una historia de catástrofes en nuestro territorio, lo que podría propiciar el fortalecimiento del liderazgo de las instituciones del territorio merced a la activación de redes, asociatividad y cooperación.
En efecto, considerar estos elementos pueden ser sustanciales para emprender un proceso mayor de modernización que propenda al fortalecimiento de un Estado descentralizado y con capacidades territoriales eficientes, con decisiones más rápidas, contextualizadas y alineadas con las características locales, reduciendo la dependencia del nivel central, disminuyendo la rigidez burocrática e instalando un enfoque moderno de gestión pública con mayor liderazgo regional.
* Columna Publicada en Hora 12

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